18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia

 

Este lema empieza a crecer en Colombia. Sin embargo, el proyecto de Ley por ahora no dice lo contrario.

Ya se habla de ‘Ley Sinde colombiana’, surgen hashtags en Twitter como #hadopicolombia y #LeyLleras, y grupos en Facebook como ‘Contra una Ley Sinde/Hadopi en Colombia‘ para asociar el proyecto de Ley presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia al Congreso que permitiría llevar a la cárcel a los piratas que usen Internet, así como bloquear o ‘tumbar’ sitios web que incluyan contenidos protegidos por los derechos de autor. 

Se está gestando un movimiento en la Web en contra del proyecto, pocas horas después de haber sido presentado, aunque apenas ahora los creadores –encabezados por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA– han dispuesto un espacio para la discusión pública en línea, de cara a la sociedad. Por los lados del Ministerio del Interior, sus voceros señalan que “es un proyecto, queremos socializarlo y que el resultado final sea el fruto de una concertación”.

NOTICIAS DEL SOFTWARE LIBRE

El 25 de agosto de 1991 un estudiante de Ciencias de la Computación finlandés llamado Linus Benedict Torvals escribió el siguiente correo en el grupo de noticias comp.os.minix:

“Estoy haciendo un sistema operativo (gratuito, solo un hobby, no será nada grande ni profesional como GNU) para clones AT 386 (486). Llevo en ello desde abril y está empezando a estar listo. Me gustaría saber su opinión sobre las cosas que les gustan o disgustan en minix, ya que mi SO tiene algún parecido con él. [...] Actualmente he portado bash (1.08) y gcc (1.40), y parece que las cosas funcionan. Esto implica que tendré algo práctico dentro de unos meses…”.

Dian intensifica revisiones de legalidad de software

La entidad busca disminuir la ilegalidad de software en el país.


Durante el presente año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, intensificará las revisiones que realiza aleatoriamente a las empresas desde el 2009, para detectar cualquier tipo de software ilegal.

En este sentido, si en la verificación del software que utilizan las personas naturales y jurídicas, se detecta algún tipo de ilegalidad, la DIAN reportará los casos de este delito directamente a la Fiscalía Generalde la Nación, que a su vez tomará las medidas correspondientes.

Los funcionarios de la DIAN, solicitarán a las empresas que visiten las licencias que demuestren la legalidad de los programas, las facturas de compra, la contabilización del intangible, equipos y demás aparatos en los que se encuentra instalado el software.

Así mismo, requerirá la identificación y ubicación de los establecimientos de comercio, oficinas y demás lugares en los que se emplea el respectivo programa adquirido o desarrollado; además solicitará explicación del manejo y utilización que se le da en la empresa y el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte del contribuyente.

ACTA, Una ley que destruiría el Internet como lo conocemos

¿Qué es el ACTA?

El ACTA (por sus siglas en inglés: Anti Counterfeiting Trade Agreement, o sea, Tratado Contra el Comercio de Falsificaciones) es una propuesta para un acuerdo comercial a nivel global para luchar contra las falsificaciones, tanto de bienes físicos (por ejemplo, medicamentos) como de bienes que se distribuyen por internet (películas, libros, etc). Los países que participan en las negociaciones son EEUU, Unión Europea, Japón, Australia, Suiza, México, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

¿Por qué es polémico el ACTA?

El ACTA despertó las suspicacias de la comunidad de internet a raíz de que sus negociaciones, que comenzaron en 2006, estaban siendo llevadas a cabo en el más riguroso secreto. En mayo de 2008 un documento de discusión se filtró en WikiLeaks, a raíz de lo cual los medios comenzaron a investigar sobre el ACTA. En 2010 los usuarios de Twitter iniciaron una intensa campaña contra el ACTA, argumentando que el tratado violentaría la privacidad de las comunicaciones, convertiría en delitos penados con cárcel lo que ahora son simples faltas y que tendría efectos muy negativos en cuanto a la distribución de medicamentos genéricos en países subdesarrollados, dado que los criminalizaría al ser “copias” de los medicamentos “originales”, vetando así el acceso a la medicina a millones de personas en todo el mundo.